La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) transfirió más de 26 millones de pesos a los municipios de Putre y Camarones para la esterilización de unos 800 caninos y felinos que además podrán acceder a la implantación de microchip de identificación y de esta manera ingresar al Registro Nacional de Mascotas en Chile, en el marco del Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC).
La información, la dio a conocer el encargado regional de la Subdere, Ernesto Lee, quien destacó la participación de ambos municipios rurales en la implementación del (PTRAC) el que se traducirá en una mejor calidad de vida para sus habitantes, protegiendo su salud y el medio ambiente; como así también determinar obligaciones y derechos de las personas que poseen mascotas caninas y felinas.
Respecto del inicio del programa, indicó que tanto las municipalidades de Putre como de Camarones, se encuentran trabajando en la elaboración de las bases técnicas para su posterior publicación en el mercado público.
Asimismo, y dado el éxito que tuvo la ejecución de PTRAC en la comuna de Arica, Subdere aprobó los recursos para la ejecución de una segunda etapa este año 2017, con una cobertura de 1.000 cirugías de esterilizaciones e instalación de microchip para felinos y caninos.
En cuanto a la operatividad de la Ley N° 21.020 sobre Tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, Lee dijo que se está a la espera de la elaboración y puesta en marcha de los reglamentos que serán emanados por los ministerios de Salud y del Interior, los que tendrán un plazo no superior al 2 de febrero del 2018 para ser difundidos a la comunidad.
La Ley
El 2 de agosto pasado, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, conocida coloquialmente como la “Ley Cholito”, que establece normas destinadas a: determinar las obligaciones y derechos de los responsables de animales de compañía, proteger la salud y el bienestar animal mediante la tenencia responsable, proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el medio ambiente y las áreas naturales protegidas, aplicando medidas para el control de la población de mascotas o animales de compañía y regular la responsabilidad por los daños a las personas y a la propiedad que sean consecuencia de la acción de mascotas o animales de compañía.