Desde enero de 2018 comienza la implementación del Primer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) establecido por ley y, que responde a las recomendaciones que se le han hecho al Estado de Chile en materia de DDHH, además, su objetivo es contener las priorizaciones sectoriales e intersectoriales de políticas orientadas al respeto, promoción y protección en esta materia, con un plazo de 4 años.

Es así como el SEREMI de Justicia y Derechos Humanos Ricardo Iturriaga les hizo entrega a las distintas autoridades regionales, encabezadas por la Intendenta Gladys Acuña, del libro que por 12 meses trabajaron distintas instituciones, ministerios, sociedad civil, fundaciones, encabezada por la subsecretaria de Derechos Humanos y en donde se plasman la más de 600 acciones.

Entre las autoridades a las se les hizo entrega del documento destacó el nuevo presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, Samuel Muñoz; Gobernador de Arica, Ricardo Sanzana, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, David Bahamondes e Intendenta de Arica y Parinacota, Gladys Acuña Rosales.

La Intendenta sostuvo que “Se está cumpliendo con la ciudadanía sobre un compromiso en otorgar este primer plan de Derechos Humanos en donde lo más importante es que ha nacido desde las base de la comunidad, como han sido los ejes estratégicos de este Gobierno. Son más de 600 acciones que se han levantado en este Plan lo que nos pone muy contentos ya que es una realidad.

Por su parte el SEREMI de Justicia y Derechos Humanos Ricardo Iturriaga indicó que “esta ruta de trabajo para las nuevas es un compromiso obedece a un mandato legal y compromiso de Gobierno. Caben mencionar que la Ley que crea la subsecretaría de Derechos Humanos establecía la implementación de un Plan de Derechos Humanos, que es el que estamos presentando hoy a las autoridades”.

El PNDH tiene un plazo de implementación de cuatro años y durante este período se realizará una evaluación de medio término y una evaluación final.

La evaluación de medio término tendrá por objetivo identificar la necesidad de realizar ajustes en el proceso de implementación del Plan, tanto en las acciones comprometidas como en los mecanismos de seguimiento y monitoreo de las mismas. La evaluación final se realizará una vez finalizados los cuatro años y deberá orientar la elaboración del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos.

Las evaluaciones serán desarrolladas por entidades externas e independientes (organismos internacionales vinculados a los DDHH con sede en Chile).