Como representantes de la ciudadanía de las 16 regiones de Chile, vemos a diario la manera en que niños, niñas, jóvenes, adultos, personas mayores y familias completas se ven expuestas a acciones que ponen en riesgo su integridad, muchas veces en la más absoluta indefensión y desprotección de parte de la autoridad.
Ya sea en las aulas o afueras de establecimientos educacionales; en consultorios, comisarías y toda clase de servicios; en las zonas de protección ambiental que se ven amenazadas; en los espacios de decisión política y el debate en medios de comunicación; en las vías y vehículos del transporte público producto de la emergencia vial que azota a nuestras urbes; en los hogares y otros espacios donde mujeres son víctimas de violencia de género; en las poblaciones que hoy son presa del crimen organizado y el narcotráfico; en el norte del país a causa de la crisis humanitaria migratoria; o en el sur de Chile, donde las reivindicaciones de las primeras naciones se ven atropelladas por la acción de grupos que actúan contra las mismas comunidades, trabajadores y quienes habitan los territorios.
Decimos, unidos y unidas: ningún acto de violencia es aceptable, justificable o excusable. Condenamos, sin matiz, la violencia en todas sus formas.
Junto con rechazar la violencia, reafirmamos nuestro compromiso con la cultura del cuidado. Abogamos por el rescate de lo público, el resguardo mutuo, la responsabilidad frente al otro y la recuperación del diálogo como único mecanismo de entendimiento. El cuidarnos, respetarnos y escucharnos en cada uno de los espacios donde nos encontremos, propone un camino posible para recuperar la paz social que hoy vemos extraviada.
Así también, para avanzar decididamente en justicia, exigimos poner fin a la impunidad de quienes promueven la violencia y actúan amparados en ella. Requerimos que, con inmediatez, las autoridades nacionales den las señales correctas hacia quienes más necesitan de las instituciones del Estado.
Desde Arica a Punta Arenas, Gobernadores y Gobernadoras Regionales ratificamos nuestra voluntad de colaborar, desarrollar gestiones cercanas, de puertas abiertas y articuladoras, que actúen en concordancia con este llamado y sirvan únicamente a los intereses de la población.
Estamos viviendo una crisis humana, donde las bases de nuestro sistema democrático se encuentran en riesgo. No podemos dejar que las acciones violentas sean más fuertes que los sentimientos de paz, seguridad y bienestar social.
Finalmente, invitamos a quienes se sientan parte de esta convocatoria a sumarse y decir basta. En unidad, con convicción y sentido de urgencia: alto a la violencia, cuidemos Chile.
Suscriben:
Jorge Díaz, Gobernador Regional de Arica y Parinacota.
José Miguel Carvajal, Gobernador Regional de Tarapacá.
Ricardo Díaz, Gobernador Regional de Antofagasta.
Miguel Vargas, Gobernador Regional de Atacama.
Krist Naranjo, Gobernadora Regional de Coquimbo.
Rodrigo Mundaca, Gobernador Regional de Valparaíso.
Claudio Orrego, Gobernador Regional Metropolitano.
Pablo Silva, Gobernador Regional de O’Higgins.
Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.
Óscar Crisóstomo, Gobernador Regional de Ñuble.
Rodrigo Díaz, Gobernador Regional del Biobío.
Luciano Rivas, Gobernador Regional de la Araucanía.
Luis Cuvertino, Gobernador Regional de los Ríos.
Patricio Vallespín, Gobernador Regional de los Lagos.
Andrea Macías, Gobernadora Regional de Aysén.
Jorge Flies, Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.