El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó un programa para financiar la primera etapa del desalojo y demolición del sector, por un monto que asciende a los 3.292 millones de pesos.
El próximo miércoles 13 de mayo, el Consejo Regional de Arica y Parinacota votará la inicia “Saneamiento programa demolición Cerro Chuño, Etapa 1, Arica”, presentada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuyo objetivo es financiar la etapa inicial del Ejecutivo para la erradicación total de Cerro Chuño.
El sector se encuentra con orden de demolición desde el 2017. Sin embargo, a la fecha solo 172 casas han sido derribadas. En la actualidad, son 877 las viviendas que se encuentran con proceso pendiente. Esto ha provocado la proliferación de construcciones informales y ocupaciones irregulares por población que, en su casi 80 por ciento, es extranjera.
El programa solicita un total de 3.292 millones 288 mil pesos para la demolición de viviendas y el traslado de residuos. Los trabajos consideran además el retiro de fundaciones, eliminación de arranque por vivienda y el retiro de 14 metros cúbicos de relleno en cada una de ellas. Esto, debido a que la techumbre de las estructuras es de asbesto cemento.
Un dolor histórico
Las tomas han generado en Arica la peor crisis de seguridad en su historia. Bandas como el Tren de Aragua o el Tren del Coro han elevado la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, posicionando a la región como la líder de todo Chile durante cinco años consecutivos.
A esto se suma el permanente abuso de las arcas fiscales. Junto con el comercio ilegal de viviendas y terrenos con orden de desalojo, se suma una deuda de más de 1.000 millones de pesos por uso de agua, gasto que ha sido asumido por el Estado de Chile por orden judicial.
Originalmente concebido como conjunto habitacional, Cerro Chuño recibió una orden de erradicación debido a la presencia de polimetales en el suelo como arsénico y plomo, abandonados en el lugar en la década de los 80’. Actualmente, se han descubierto casas de tortura, entierros ilegales y centros de operaciones para el narcotráfico y sicariato.
