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Una compleja situación se vive en la Región de Arica y Parinacota tras la paralización total de las operaciones de la empresa Quiborax, luego de que esté pronto a expirar el plazo de las medidas cautelares ambientales dictadas por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta respecto a sus faenas en el Salar de Surire.
Durante la jornada del miércoles, trabajadores de la compañía se movilizaron cortando el tránsito en la Ruta 11-CH, vía internacional que conecta Arica con Bolivia, manifestando su incertidumbre ante el riesgo de perder sus fuentes laborales.
Desde el lugar de la protesta, el Gobernador Regional Diego Paco Mamani realizó un enérgico llamado al Presidente de la República, Gabriel Boric, y a su gabinete para abordar de manera urgente la crisis que afecta a uno de los principales polos productivos privados de la región.
“Quiero decirle al Presidente Boric que venga o envíe a algún representante del Ministerio del Interior aquí a la Ruta 11-CH, en el kilómetro 65. Hay más de mil personas movilizadas con la incertidumbre de perder sus puestos laborales, y más de tres mil empleos indirectos en la misma posición. No queremos un ‘Huachipato’ aquí en el norte. Usted prometió que las regiones iban a estar primero. ¿Dónde están las autoridades nacionales? Gobernar también es hacerse presente. Queremos soluciones concretas para los trabajadores de mi región”, señaló Paco.
El gobernador además criticó la falta de articulación institucional en torno al conflicto, señalando que este escenario podría haberse evitado con un trabajo preventivo desde los organismos públicos competentes.
“Esta situación no hubiese ocurrido si los servicios públicos de la región hubieran hecho su trabajo, si las mesas de trabajo de la Delegación Presidencial hubiesen funcionado, o si desde el nivel central se hubiesen tomado decisiones a tiempo. Arica y Parinacota no puede seguir siendo postergada”, agregó.
Voces de los trabajadores
Nicole Tirado, representante del Sindicato N°2 de Quiborax, manifestó que los empleados se sienten abandonados por el Estado:
“Durante los años de funcionamiento de esta empresa hemos sabido trabajar en familia, cumpliendo todas las normas. No entendemos cómo el Consejo de Defensa del Estado aplica retroactividad, cuando la empresa opera legalmente desde 1984. Se están tomando decisiones sin diálogo con los pueblos originarios ni con los trabajadores. No nos sentimos protegidos”.
Por su parte, Samuel Apaza, presidente del Sindicato de Mina Salar de Surire, recalcó el impacto social de la paralización:
“Somos más de 700 trabajadores directos y más de 2.000 indirectos. Esta compañía aporta el 10% del PIB regional. Es un duro golpe para la región, y pudo haberse evitado con diálogo. Detrás de cada trabajador hay una familia; no queremos más desempleo ni improvisación”.
Contexto judicial
La medida judicial que afecta a Quiborax fue dictada en septiembre de 2024, ordenando la paralización total de sus operaciones por presunto daño ambiental en el Salar de Surire. Desde entonces, solo se ha autorizado la mantención, retiro y nivelación de material acopiado, bajo supervisión de autoridades ambientales y judiciales.
El Gobierno Regional de Arica y Parinacota reiteró su disposición a colaborar en la búsqueda de una salida institucional que proteja los empleos, la actividad económica regional y el cumplimiento de las normas ambientales, “sin que la región pague las consecuencias de la falta de gestión del nivel central”.
